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Agrupación de Derechos Humanos y Partido Comunista lamentan nueva doctrina instalada en Sala Penal de la Corte Suprema que otorgó libertad condicional a criminales de lesa humanidad

Este martes la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió los recursos de amparo y brindó libertad condicional a siete ex agentes de la Dictadura Cívico-Militar presos en Punta Peuco y en Colina I.

La situación no pasó inadvertida para las agrupaciones de derechos humanos que a lo largo del país se mostraron sorprendidas por esta noticia, al igual que el Partido Comunista, que tiene que lamentar la desaparición forzosa, tortura y muerte de cientos de militantes entre los años 1973 y 1990.

El beneficio fue entregado a: Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga. Mientras que este miércoles se conocieron los casos del brigadier (r) Emilio de la Mahotiere, quien participó en la Caravana de la Muerte y el coronel (r) Moisés Retamal, condenado por la desaparición de tres ciudadanos uruguayos. “Para nosotros como Partido Comunista es lamentable lo que ha ocurrido con la libertad condicional a estos siete asesinos, porque sienta un precedente nefasto para quienes creemos que estos crímenes de la Dictadura Cívico Militar son parte del genocidio que hubo en nuestro país y porque fija una muy mala señal respecto a cómo los tribunales van a actuar con los violadores de derechos humanos. En parte esto reabre una herida en quienes han sufrido todos estos años con condenas que no llegan, es además un retroceso en materia de derechos humanos. Es finalmente una señal de impunidad de la Corte Suprema hacia los asesinos de nuestros compatriotas”, enfatizó Juan Catalán Jara, presidente del PC Aysén.

“Estamos frente a una situación que es grave, son siete criminales que en menos de 24 horas han quedado en libertad condicional. Estamos hablando de personas que nunca han mostrado arrepentimiento alguno, que no tenían alguna enfermedad terminal, que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Uno de los uniformados participó en la operación “Retiro de Televisores”, que consistía en exhumar y luego lanzar al mar los cuerpos de detenidos desaparecidos para que sus familiares nunca los pudieran recuperar. También fue liberado un coronel(r) que se encontraba en Punta Peuco por el homicidio de 14 personas; como parte de la Caravana de la Muerte. El Teniente Coronel Ramón Larraín, quien vivió en Coyhaique, es parte de los que recibieron este beneficio procesal, él fue condenado por los crímenes de Pisagua, donde estaba a cargo de este centro de detención de la Dictadura”, señaló Ninón Neira, de la Agrupación de Derechos Humanos de Aysén.

Una constante que destacan las agrupaciones de derechos humanos es la ausencia absoluta de arrepentimiento por parte de estos ex uniformados. “Como familiares nosotros pensábamos que esto podía ocurrir desde el momento en que el Ministro Milton Juica se acoge a retiro y luego de las palabras del Presidente de la República manifestando su posición respecto a Punta Peuco, sabíamos que nos enfrentábamos a un nuevo escenario judicial. Consideramos que no hay respeto por la memoria de nuestros familiares víctimas de la Dictadura Cívico-militar y también cero respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, precisó María Vera Vera, una de las familiares de Detenidos Desaparecidos de Aysén.

Sin embargo, señaló que las familias seguirán luchando para que los “asesinos y violadores de los derechos humanos cumplan como corresponde sus delitos en la cárcel, sin beneficios de ningún tipo”.

Lo anterior ya que no se trata de delitos comunes, sino de lesa humanidad. “Ellos están pidiendo beneficios que jamás les dieron a nuestros familiares, no tuvieron la menor consideración, por niños, ancianos y enfermos”, sentenció María Vera.

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